Las demandas presentadas por las cláusulas abusivas que la banca imponía a sus clientes hipotecarios y las solicitudes de arbitraje suman 1,8 millones de casos. De estos, casi 600.000 han llegado a los juzgados especiales desde 2017 y faltan por resolver 240.000 demandas. Los bancos pierden el 97,55% de los procesos, pero litigan hasta el final, bloqueando los juzgados. Por primera vez, un vocal del Consejo General del Poder Judicial pide que se les aplique un 20% de interés cuando recurran casos iguales a los perdidos. El Consejo de la Abogacía lo reclamó en 2017, pero nadie le escuchó. La asociación Asufin denuncia el alto coste público que supone esta actitud de los bancos.
Ruth Trujillo tiene 42 años y en 2008 pidió una hipoteca de 124.000 euros. En 2017 comprobó que se le aplicaba indebidamente una cláusula suelo, que impide que se abarate el préstamo aunque bajen los intereses. Siguiendo los consejos de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) demandó a su entidad, entonces Caja Canarias y hoy CaixaBank. El caso se admitió a trámite en 2018 en el juzgado 101 bis de Madrid, pero sigue esperando su turno. Trujillo está en ERTE y le vendría muy bien el dinero, pero está desesperada. “A veces pienso que será un complemento para mi jubilación”, protesta con ironía.
Como ella, L. M. (pide el anonimato porque teme represalias de su entidad, Bankinter) también cayó en un juzgado especial contra las cláusulas abusivas. Su caso es una hipoteca en yenes y el juez le dio la razón en 2018, pero el banco recurrió y sigue esperando la respuesta de la Audiencia Provincial. Al igual que Ruth Trujillo, L. M. sigue siendo cliente del banco con el que pleitea. “El trato no es malo, pero pienso que me engañaron”, admite resignado.
Estos ejemplos reflejan el problema de fondo. Las cláusulas abusivas —entre las que destacan las cláusulas suelo—, que encarecieron las hipotecas y han sido reclamadas por los clientes de los bancos, han ocasionado 1,6 millones de expedientes a las entidades. Estas cifras lo convierten en un caso único en el sector, que ha provocado varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.
Un total de 1,22 millones de reclamaciones se han tramitado vía arbitraje voluntario entre cliente y entidad. Por este canal —muy criticado por las asociaciones de defensa de los usuarios bancarios—, los clientes han perdido más de la mitad de los casos: solo se les ha dado la razón en el 44,27% de los expedientes. La efectividad es muy alta: se han resuelto el 99,4% de los asuntos presentados.
En la vía judicial la situación es completamente diferente. Desde 2017 se han presentado casi 600.000 demandas (584.000 hasta diciembre pasado) en los juzgados creados expresamente para las cláusulas abusivas. Sin embargo, la eficacia es menor, ya que todavía están pendientes de resolver 239.445 casos, el 41%. Eso sí, el resultado para los clientes es muy satisfactorio, ya que han ganado en el 97,55% de las ocasiones.
Gerardo Martínez Tristán, el vocal del Poder Judicial que organizó la creación de los juzgados especiales, no oculta su malestar por la insistencia de los bancos en seguir pleiteando, aunque solo ganen el 2,45% de los casos: “Es incomprensible e injustificable que sigan adelante con casos idénticos a otros que han perdido. No tiene explicación y sí consecuencias negativas por la acumulación de trabajo en los juzgados”.
Martínez Tristán afirma que en mayo del año pasado se redactó un plan de choque con reformas legales para frenar esta incansable litigiosidad de los bancos. El juez plantea al Ministerio de Justicia que se apliquen los principios de la ley de moratorias y la ley del seguro, que establecen recargos que van del 9% al 20%, cuando se pleitee hasta el final con casos iguales a los que se han perdido. “Es una buena medida para desincentivar la litigiosidad innecesaria”, añade. El Consejo General del Poder Judicial también pidió que se establezca un “pleito testigo”, es decir, uno que sirva de modelo cuando luego lleguen miles y miles iguales y se dicte sentencia sin tramitarlos.
La petición de un recargo disuasorio no es nueva. Llegó al Ministerio de Economía, entonces del PP, en noviembre de 2017, pocos meses después de que se crearan los juzgados especiales. Lo propuso Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados de Elche y representante del Consejo General de la Abogacía (que agrupa a los 83 colegios de abogados), en la comisión de seguimiento del arbitraje de cláusulas suelo, presidida por la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado.
Pascual sigue exigiendo “un tipo de interés moratorio a cargo de la banca, por razón de las cláusulas abusivas, análogo al del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, cuyos efectos desde 1981 han sido extraordinariamente positivos para las compañías y para los asegurados”.
La Asociación Española de Banca (AEB) considera que “cualquier recargo en proceso judicial, como el del 20%, sería inadmisible y contrario al derecho a la tutela judicial efectiva”. La AEB sostiene que los bancos pleitean hasta el final porque el Supremo reconoció “la validez” de la cláusula suelo empleada. “Y si los bancos consideran que son transparentes, deben defenderse”, añaden fuentes de la patronal del sector.
Cuatro años después, Pascual sigue defendiendo lo mismo, al igual que Asufin y jueces como Martínez Tristán. “La justicia no puede soportar 650.000 nuevos pleitos. En este conflicto todos los poderes del Estado se han decantado por la protección de la banca. El Supremo, imponiendo unos límites a la retroactividad de las cláusulas suelo, corregido después por el Tribunal de Justicia de la UE. El Ejecutivo impuso un trámite de reclamación previa, con la consiguiente demora de la efectividad de sus derechos. Y luego el sistema de arbitraje y los juzgados especiales, que han sido un fracaso para el cliente”, afirma el abogado Tristán.
Este experto recuerda que desde hace más de tres años se mantiene la cifra de casos sin resolver: 250.000, “para desesperación de los consumidores y vergüenza del sistema financiero. La capacidad de abuso de la banca no parece tener fin sobre la compra de la vivienda: cláusulas suelo, gastos, hipoteca multidivisa, el IRPH…”.
Patricia Suárez, presidenta de Asufin, cree que el sistema actual solo disuade al consumidor, pero nunca a los bancos. “Lo más dramático es cuando se llega a acuerdos en primera instancia antes de juicio y no se condena al banco a las costas”, dice. Y añade que las costas que paga la banca son alrededor de un tercio de los gastos reales que tiene la Administración de justicia por mantener el procedimiento. “Esta estrategia de pleitear hasta el final es un coste que paga el Estado, es decir, el contribuyente”, apunta Suárez.
Otra asociación, Adicae, presente en la comisión de seguimiento, no cree en la utilidad del recargo del 20%. “Los bancos condenados ya pagan intereses de demora desde la aplicación de la cláusula hasta la sentencia al 3,5% del tipo legal, además de las costas, en muchos casos”, apunta su presidente Manuel Pardos, que cree que el coste económico no les importa: “Lo hacen para desincentivar las demandas de los clientes, (solo el 20% pleitea) y para posponer el pago del dinero que deben a los clientes. Asumen el coste en reputación. No hay solución sin un cambio de actitud”.
